En México, la
fracturación hidráulica ha sido utilizada desde 2003, sin embargo, a partir
de la aprobación de la “reforma energética” de 2014, la consecuente privatización de los recursos nacionales y la participación de las empresas petroleras transnacionales,
se impulsa, se promueve y se legaliza el uso de la fracturación para la explotación
de los “hidrocarburos no convencionales” en territorio mexicano; tal técnica, -prohibida, debido a los altos niveles de contaminación del agua residual, en países como
Francia, Italia, Suiza, y también en algunos Estados de Canadá, Estados Unidos,
Australia, Sudáfrica y España, aseveran investigadores, “no es viable en el
país por los efectos ambientales que provocaría.”
La prospectiva empresarial y la de investigación, contempla “al menos
100 municipios de siete estados”: Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León,
Veracruz, Puebla y Oaxaca.
En atención a los resultados de estudios de geo prospectiva -los cuales muestran efectos adversos a los ecosistemas-, organizacionesmedioambientalistas se han pronunciado e integrado en una Alianza contra elfracking.
En tal sentido,
advierten los riesgos ambientales implícitos en tal actividad,
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